jueves, 11 de junio de 2009

Asturias-Misión de Observación y Verificación de la Situación de los Derechos Humanos en Palestina

jueves, 11 de junio de 2009 0 Comentarios
CONCLUSIONES DE LA MISIÓN DE VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS DDHH EN PALESTINA REALIZADA DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2009

Rafael Palacios Director de la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu del Gobierno del Principado de Asturias. Foto de: www.palestinalibre.org

El Director de la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu del Gobierno del Principado de Asturias, Rafael Palacios, participó en una Misión de Observación y Verificación de la Situación de los Derechos Humanos en Palestina entre el sábado 23 y el domingo 31 de mayo.

La Misión visitó las ciudades de Jerusalén, Ramallah, Belén, Hebrón, Qalquiliya y Nablus. En dichas ciudades visitó campos de refugiados palestinos, distintos proyectos de cooperación, el Muro, check points,…Asimismo, se mantuvieron las siguientes reuniones de trabajo: Cónsul General de España en Jerusalén, Ramón Ansoain, Ministra de Asuntos Sociales de la Autoridad Palestina, Majedah Masri, Comité Político del Parlamento Palestino en Cisjordania (con su Presidente, Abdullah Abdullah y representantes de los partidos políticos Al Fatah, FPLP y FDLP), Alcalde de Belén, Víctor Batarseh, Representantes de la Alcaldía de Qalqiliya, Centro Alternativo de Información (AIC), Comités de Trabajadores de la Salud (HWC), Centro de Mujeres para el Apoyo y la Ayuda Legal (WCLAC), Centro para la Preservación de la Herencia Cultural, Organización de Defensa de los DDHH “Al-Haq”, Centro Palestino para la Resolución de Conflictos “WI´AM”, Red Palestina de ONG (PNGO), Comité General de Defensa de la Tierra, Comités Populares de Hebron, Campaña para el Boicot, las Desinversiones y las Sanciones (BDS Campaing), Asociación de Defensa de los Presos Políticos ADDAMEER, Liga Internacional de Jóvenes de Palestina, Movimiento “Stop de Wall” y la ONG “Escuela de Madres”.

Palestina es una de las prioridades de la Cooperación asturiana. Desde el año 2003 al año 2008, la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu del Gobierno del Principado de Asturias, ha destinado más de 2´5 millones de euros a proyectos de cooperación al desarrollo, solidaridad, acción humanitaria y ayuda de emergencia al Pueblo palestino.


El genocidio que sufre el Pueblo Palestino no puede coger a nadie por sorpresa: dura ya más de sesenta años.

Israel bombardea, asesina, tortura, ocupa, coloniza y expulsa a palestinos y palestinas, ante la complicidad, el silencio, la pasividad y la vergüenza de la llamada “comunidad internacional”.

Los derechos internacionalmente reconocidos del pueblo palestino son pisoteados continuamente, mientras que Israel asegura su control económico y demográfico con el objetivo de hacer inviable sobre el terreno la creación de un Estado Palestino soberano. Palestina vive encerrada en guetos aislaos entre sí, que son fácilmente sometidos al asedio o la ocupación criminal del ejército israelí.

Palestina sufre un proceso de despojo territorial en beneficio de la población judía y un brutal proceso de limpieza étnica: casi la mitad de la población es refugiada. Casi un tercio del número total de personas refugiadas en el mundo son palestinas, más de cinco millones y más de dos millones viven en el exilio. A esta cifra hay que añadir las personas desplazadas internamente y las deportadas forzosamente por el Estado de Israel. Palestina está más asediada que nunca, y su superficie se ha visto drásticamente reducida a un escaso 14% de lo que representaba en 1947.

El Derecho al Retorno de las personas refugiadas, una de las causas centrales para la resolución del conflicto, sigue siendo una cuestión que supera el componente meramente humanitario, al contener una dimensión política asociada a los legítimos derechos nacionales palestinos. La solución a este crucial problema, pasa ineludiblemente por el cumplimiento de la legalidad internacional y por el derecho de todas las refugiadas y refugiados palestinos y sus descendientes a volver a sus casas y tierras.

El Estado de Israel practica en los Territorios Palestinos Ocupados una política de hechos consumados, violación de los derechos fundamentales y políticos de la población civil, anexión de tierras y recursos acuíferos, castigos colectivos, aislamiento de poblaciones y restricciones de movimientos de los ciudadanos por medio de los controles militares y el Muro del Apartheid, detenciones, expulsiones, torturas, asesinatos, bombardeos,…Haciendo caso omiso de las resoluciones de la ONU y otros organismos internacionales, Israel sigue practicando una política de colonización y expulsión. Sigue ampliando el número y tamaño de las colonias israelíes en Cisjordania y Jerusalén, en las que ya se han ubicado cerca de medio millón de colonos.

En Gaza, millón y medio de personas están sitiadas en la cárcel más grande del mundo, privadas de combustible, electricidad, alimentos básicos e incluso de trabajo, de agua potable y medicinas, ante la pasividad o la complicidad de la llamada “comunidad internacional”.

Desde que Hamas ganara las elecciones democráticas del año 2006, Israel convirtió Gaza en un gueto, haciendo todo lo posible por rendir a sus habitantes de hambre o de desesperación. Una situación que contó con el apoyo de la UE, los EEUU, Japón y Canadá, que sometieron a Gaza a un terrible embargo financiero. Este bloqueo dejó un millón y medio de habitantes de Gaza al borde del hambre extrema. La tasa de pobreza pasó de un 29% en 2004 al 81% en 2008.

Los últimos ataques sobre Gaza, de una violencia y crueldad difíciles de calificar, supusieron el asesinato de 1.440 personas, de los cuales 431 eran niños, e hirieron a más de 5.300 personas, al tiempo que provocaron la destrucción de 22.000 infraestructuras en Gaza. La Franja está sometida a un proceso de progresivo y dramático aislamiento desde principios del año 2006, proceso todavía en vigor y que está teniendo unas consecuencias catastróficas en todos los aspectos de la vida. Esto llevó al Relator Especial de Derechos Humanos de la ONU a describirlo antes de la última invasión como un “preludio al genocidio”. Varias organizaciones internacionales de derechos humanos y Naciones Unidas han iniciado trámites legales para que se investiguen los crímenes de guerra cometidos por Israel durante su ataque militar a Gaza.

A pesar de miles de muertos y heridos, pese a condenar a todo un pueblo a la miseria y la devastación provocada por la violencia del ejército israelí y el abandono internacional, el pueblo palestino es capaz de resistir. De resistir no sólo a la violencia militar, sino a un odio, a una voluntad de venganza y humillación, que nos devuelven al tiempo de los nazis.

La resistencia de los pueblos a la ocupación es un derecho internacionalmente reconocido y es la expresión de las aspiraciones históricas del pueblo palestino.

El pueblo Palestino, a pesar de todas las penurias e injusticias que sufre, resiste firmemente por sus derechos. Resiste contra un Estado militar y confesional, que tiene como objetivo final la construcción de un Estado racista y xenófobo como la Sudáfrica del siglo pasado y que se niega a acatar las resoluciones de la ONU. Especialmente la 243 y 338 que instan a la retirada israelí de los territorios árabes ocupados, y a la 194 y 3236, que reconoce el Derecho al Retorno de los Refugiados, así como el Dictamen del Tribunal Internacional de La Haya del 9 de julio 2004 que instaba a derribar sin más tardar el Muro del Apartheid, indemnizando a los afectados por la expropiación de tierras y derribo de viviendas.

Un muro del apartheid que viola la IV Convención de Ginebra que expresamente prohíbe a la potencia ocupante extender, destruir y expropiar propiedades ubicadas en un territorio ocupado. Viola también las obligaciones fundamentales de la potencia ocupante de garantizar el bienestar y el sustento básico de la población ocupada.

Cuando se termine su construcción, que comenzó en setiembre del año 2001, el Muro tendrá más de 800 Km. Cada kilómetro habrá costado más de 1 millón de dólares.

La extensa apropiación y destrucción de tierras y propiedades, especialmente de las tierras agrícolas más fértiles y de las aguas, priva a la población de sus recursos básicos para subsistir y de su nivel de vida. De la misma forma, el Muro viola la prohibición de la IV Conferencia de Ginebra de ejercer castigos colectivos contra la población ocupada.

Sin el apoyo, el consentimiento o el silencio cómplice y vergonzante de la “comunidad internacional”, el Estado ocupante no hubiera podido mantener en el tiempo esta injusticia en contra de todo un pueblo.

La UE no sólo mantiene un acuerdo de asociación económica y colaboración política con Israel, sino que el pasado mes de diciembre decidió reforzarlo. La UE mantiene intactas las relaciones diplomáticas, militares, culturales, universitarias, comerciales, económicas y políticas con un Estado acusado de crímenes de guerra, de terrorismo, de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario,…, y de ser responsable de miles de asesinatos.

En todas las reuniones mantenidas durante la visita a Palestina, nos expresaron la preocupación, la desilusión y el desamparo ante la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de la Resolución que limita el ejercicio por los tribunales españoles de la jurisdicción penal universal y restringe su competencia a los casos en que los presuntos responsables se encuentren en España o a que haya víctimas de nacionalidad española.

Consideran que si el Gobierno español sigue esa línea será otro paso más para la impunidad total de Israel, se limitarán los derechos de las víctimas y España pondrá por delante de la defensa de los DDHH y del DIH, eventuales intereses económicos y políticos. Será el sometimiento de las leyes a los intereses políticos y económicos.

En las cárceles de Israel hay más de 10.000 presas y presos políticos. Más de 400 tienen menos de 18 años. Hay 550 personas bajo detención administrativa, sin acusación, ni juicio, en cárceles secretas. A todas y a todos se les considera “terroristas”, se les juzga militarmente y no se les reconocen los mínimos derechos. Existen torturas físicas y sicológicas de todo tipo. Hay 4 centros de interrogatorio en Israel y 1 centro de interrogatorio secreto llamado “1391”.

Expresamos nuestra identificación y solidaridad con el pueblo palestino y su lucha, y nuestro firme apoyo a sus reivindicaciones nacionales, su derecho a la resistencia, a la soberanía y a la independencia.

En estos momentos, “normalizar” la relación entre Israel y Palestina sería como haber querido “normalizar” en el gueto de Varsovia la relación entre nazis y judíos. No se puede “normalizar” la violencia, la ocupación, la opresión, el asesinato,…No se puede “normalizar” una situación anormal como si no pasara nada.

El diálogo debe darse entre iguales. Pero hay una grave situación de desigualdad. No pueden ser iguales el opresor y el oprimido, el ocupante y el ocupado, el victimario y la víctima,….

En la situación actual, con la división física y política, hablar de un Estado Palestino es inviable. La violación por parte del Estado de Israel de todos los acuerdos internacionales hace inviable un Estado Palestino. Antes que la creación de un Estado Palestino, está el reconocimiento de los derechos del Pueblo Palestino. Lo importante no es un Estado en sí, sino un Estado libre, en paz y con justicia social. Hablar de un Estado Palestino en abstracto, no es más que otra trampa para no encarar la verdadera raíz de los problemas y asumir el principio de cualquier solución que pase por una paz con justicia social: deben cumplirse las resoluciones de Naciones Unidas, la legalidad internacional, el respeto a los DDHH y al DIH, el fin de la ocupación, los asentamientos y las colonias, el derribo del Muro de la Vergüenza, el reconocimiento del derecho al retorno de los refugiados y refugiadas y, por supuesto, el reconocimiento del derecho de autodeterminación del Pueblo Palestino.

Fuente: www.nodo50.org/csca

miércoles, 10 de junio de 2009

La Casa Sefarad-Israel. Indisimulada apuesta del gobierno español en defensa del Estado de Israel.

miércoles, 10 de junio de 2009 0 Comentarios
Por: Alberto Arce.
La Casa Sefarad-Israel es un consorcio administrativo creado el 18 de diciembre de 2006 mediante acuerdo entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Su financiación viene, en un 66%, de fondos de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores y su directora, Ana Salomón es Embajadora especial de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores. Es decir, funcionaria que, con el rango de Embajadora ocupa un puesto de confianza política para la mejora de las relaciones entre España e Israel a través de la pervivencia de la tradición sefardí española.

La primera pregunta a plantearse es ¿Cuál es la relación directa que existe entre cientos de miles de judíos que en su día fueron expulsados del territorio sobre el cual existe nuestro Estado actual y el Estado de Israel?

Dicho vínculo, evidentemente, existe. Se llama “sionismo” y es una ideología política que se basa en el concepto de que todos los judíos del mundo, sea cual sea su origen, nacionalidad o historia personal encuentran su “hogar nacional” en el actual estado de Israel. Se vincula, a través del concepto Sefarad-Israel una realidad histórico-diaspórica-cultural, la expulsión de los sefardíes, con una plasmación política concreta fuertemente cuestionada en la actualidad, el estado de Israel como estado sionista para el pueblo judío creado a partir de la expulsión de la población originaria que vivía en el territorio de la Palestina histórica. Y digo fuertemente cuestionada en la actualidad, porque el concepto de Israel como estado para los judíos, en tanto practicantes de una religión concreta, independientemente de su origen, y portadores de más derechos que otras personas que, habiendo nacido en el territorio, son portadoras de menos derechos comienza a ser abiertamente descrito por voces cada vez más cualificadas y extendidas como un planteamiento de Estado abiertamente racista.

Cuando el gobierno español decide vincular el concepto “Israel” al concepto “Sefarad” y si, con un mínimo vistazo, nos acercamos a las actividades organizadas bajo dicha etiqueta, por un lado, y la realidad política israelí actual, por otro, podemos leer la creación y el mantenimiento de la Casa Sefarad-Israel como una apuesta abiertamente favorable desde nuestro gobierno hacia el actual gobierno del Estado de Israel y por tanto, entender que resulte pertinente abrir el debate sobre su mantenimiento.

Comencemos por referirnos a dos de las leyes recientemente aprobadas en el Estado de Israel y que hacen referencia al recuerdo del modo en que fue creado en 1948 y a la situación en la que se quedan en dicho Estado quienes no pertenecen a ese grupo de personas que profesan la religión judía y que naciendo, por ejemplo, sefardíes en Tánger en la década de los 40, como Shlomo Ben Ami, son poseedores de más derechos que los ancianos nacidos en Yaffa en 1930 y que viven ahora en una aldea sin reconocer en el desierto de Beer Sheva.

La prohibición de actividades en recuerdo de la Nakba y la “Ley de lealtad al sionismo”.

A través de una moción presentada por el diputado Alex Miller -que emigró desde Moscú a Israel en 1992, detalle de fino humor- y es miembro de Israel Nuestra Casa, el partido del actual Ministro de Asuntos Exteriores, el Comité Ministerial para la redacción de leyes aprobó el pasado 23 de mayo una ley que permite sentenciar hasta a tres años de cárcel a quienes se refieran a la creación del Estado de Israel como la “Nakba palestina”. Es decir, la población palestina del Estado de Israel -que reconoce la fecha de 15 de mayo de 1948 como el punto de inflexión que vincula a través de la independencia de Israel, la culminación del proyecto sionista de recoger a la diáspora judía en un hogar nacional- ve prohibido recordar la tragedia que dicha independencia produjo sobre su pueblo. Otorgándole, además, a dicha crítica al proyecto sionista y a la propia historia carácter de delito penado con cárcel.

Esta situación podría equipararse con la prohibición en España de recordar la tragedia de la expulsión de los judíos y su castigo con penas de hasta tres años de cárcel en el marco de la defensa de ese mismo sionismo que reconoce la vinculación existente entre Sefarad e Israel que nuestro gobierno financia.

Pero el gobierno actual del Estado de Israel no se queda ahí a la hora de tratar de enterrar el recuerdo de la historia del territorio en el que han creado su Estado. Pretende también, que la pertenencia a la ciudadanía de dicho Estado adquiera características absolutamente totalitarias. En el mismo paquete legislativo con el que pretende encarcelar a quienes reivindiquen su lectura, legítima, de la memoria histórica, presenta también la necesidad de un “juramento de lealtad ciudadana al sionismo” en el cual sería necesario que cada ciudadano del Estado de Israel jurase fidelidad al principio de que el Estado de Israel es un “Estado judío, democrático y sionista” y además cumpla con el servicio militar o su servicio sustitutorio, so pena de ver revocado su derecho de ciudadanía. ¿En que situación se queda el 20% de población perteneciente a la minoría palestina cuando existe la posibilidad cercana y real de que se le retire el derecho de ciudadanía si no se proclaman a sí mismos leales sionistas, es decir, creyentes en esa misma ideología que se reconoce como legítima vinculando Sefarad e Israel a través de financiación pública?

El papel de la Casa Sefarad-Israel en este contexto a través de una de sus actividades.

Para terminar, y con aún mayor gravedad, ya que nos atañe directamente, analicemos la próxima actividad organizada por la Casa Sefarad-Israel para comprender sus vínculos evidentes con la política actual del Estado de Israel y la dudosa pertinencia de dichas actividades sean financiadas por nuestra administración.

Los próximos 16 y 17 de junio se celebra en Madrid elI ENCUENTRO JURÍDICO CASA SEFARAD – ISRAEL” sobre “jurisdicción universal, crímenes contra la humanidad y derecho humanitario bélico”. Se trata de un seminario, recordemos, organizado por un consorcio administrativo financiado en un 66% por nuestro gobierno y que versará específicamente sobre una cuestión, no sólo de absoluta y actual controversia, sino que también es estudio por parte de la justicia española, en medio de una fuerte polémica y con una modificación legislativa en marcha que paralizaría, entre otras, causas penales que, en virtud de la jurisdicción universal que nuestra justicia reconoce, investigan a militares y civiles israelíes por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad.

Mientras la justicia española actúa, bajo la amenaza de modificación de la ley que se lo permite (aprobada tanto por el PSOE como por el PP) y en respuestas a presiones públicas y directas de los líderes israelíes sobre el ejecutivo español, una institución española, con financiación pública y vínculos directos con el Estado de Israel, organiza una actividad que cuestiona una causa abierta. Pero no sólo eso, sino que anuncia la participación en dicho seminario de relevantes cargos públicos, entre otros, el Defensor del Pueblo, Enrique Mújica, Javier Gómez Bermudez, Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, Juez de la Audiencia Nacional, Pascual Sala, Magistrado del Tribunal Constitucional, Javier Zaragoza- Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes Peces-Presidente de la Audiencia Nacional.

¿Es la Casa Sefarad-Israel un lobby – poco encubierto- financiado por al administración pública española para servir a los intereses –tanto político como judiciales- de un Estado cada vez más cuestionado por todo tipo de instituciones de derechos humanos como lo es el Estado de Israel?. ¿Seguirán a este seminario sobre jurisdicción universal, en defensa de las posiciones israelíes y pagado por nuestros impuestos, seminarios similares sobre la ley de lealtad y ciudadanía o la prohibición de conmemoración de la Nakba que tengan como objetivo defender a través de las intervenciones de cargos públicos españoles políticas cada vez menos justificables como las que desarrolla el Estado de Israel?.

El Barcelona Gaza Peace Park y las contradicciones de la cooperación española en Palestina.

El 19 de marzo de 2005, El Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y el entonces Alcalde de la ciudad de Barcelona, Joan Clos, inauguraron el “Parque de la paz Barcelona-Gaza” en el barrio de Tel Hawa, al sur de la ciudad de la Gaza.

Una mañana de enero de 2009, caminando por Tel Hawa, mientras esquivábamos los restos de fósforo blanco que habían incendiado y aún rodeaban el Hospital Al Qds, sede central de la Media Luna Roja de la Franja de Gaza, caminando entre escombros, coches destrozados y barricadas de tierra levantadas por los tanques Merkaba, quienes tratábamos de levantar acta de los efectos de los bombardeos israelíes de la noche anterior, nos encontramos con el silencio y la desolación que invadían el espacio que la cooperación barcelonesa con Gaza había donado a sus habitantes.

Descubrimos que la isla de aire fresco y libertad en la que los niños jugaban, las familias se reunían para sus meriendas picnic al aire libre y los adolescentes trataban de coquetear –sí, lo llamaban también el “Parque del amor”- había caído también. Al igual que el hospital, la sede las Naciones Unidas y tantos miles de viviendas. La Plaza Barcelona, el Parque de la Paz, era el único parque urbanizado de la ciudad de Gaza y estas fueron las palabras que brotaron entonces de la imagen que se abría ante nuestros ojos.

“Los tanques han dibujado con sus orugas una rayuela de destrucción sobre toda la Plaza Barcelona, levantando el asfalto, destruyendo las graderías a través de las cuales entraron, pasando por encima de las porterías y canastas de baloncesto, arrasando el quiosco, rompiendo toda la valla que cerraba su perímetro, arrancando árboles, pasando por encima de ellos. Todo lo imaginable. Se han limitado a pasearse hasta destruirla, destrozando incluso el cartel que explicaba la donación de la ciudad de Barcelona a la ciudad de Gaza y arrancando las letras que daban nombre a este parque. «Barcelona-Gaza, Parque de la paz».

Los edificios de los alrededores están seriamente dañados, con impactos de artillería que dejan al aire las habitaciones, todas las vías de acceso destruidas y podemos ver a los vecinos cortando la última madera disponible, la de las sillas, para poder calentarse y cocinar en este frío invierno sin alimentos”.

http://ambpalestina.blip.tv/file/2158299

Las relaciones entre Barcelona y Tel Aviv.

Desde 1998 (hace ya once largos años) la ciudad condal es “hermana” de la capital de Israel. Dicho acuerdo se firmó en el marco de un proceso de paz que, si en aquel momento agonizaba, hoy ya puede darse por definitivamente muerto. En 1998, no sólo Tel Aviv se hermanaba con Barcelona. También lo hacía Gaza. Una década más tarde, Gaza sobrevive, sitiada y bombardeada por el ejército de Israel mientras Barcelona y Tel Aviv planean continuar con sus estrechas relaciones. Con nuestros impuestos. Nada es inventado. No tenemos más que dirigirnos, sin demasiada investigación, al diario Haaretz del 10 de febrero de 2008 que definía el hermanamiento entre Gaza, Barcelona y Tel Aviv como “un esfuerzo por apoyar el Proceso de Oslo y fomentar proyectos culturales conjuntos financiados por el Ayuntamiento de Barcelona”.

Cuando cambian, de manera relevante, las circunstancias de un acuerdo firmado a tres bandas, la lógica invita a replantearse la continuidad de dicho acuerdo o, al menos, una modificación sustancial del mismo. El caso de la Plaza Barcelona en Gaza plantea serias dudas, una vez más, sobre la lógica del enfoque que se sigue desde nuestras políticas de cooperación, respecto a la situación que se vive en Gaza y por extensión en el conjunto de Palestina.

¿Reconstrucción de los bienes públicos destruidos? Por supuesto. Los habitantes de la ciudad de Gaza necesitan recuperar sus espacios públicos. Pero nosotros, los ciudadanos convencidos de la pertinencia de que un parte de nuestros impuestos se destinen a la cooperación internacional ¿debemos asumir como política pública incuestionable la mera reconstrucción de lo que Israel destruye? ¿Debemos limitarnos a cubrir con nuestros impuestos los gastos de la ocupación israelí de Palestina, incluyendo la destrucción de equipamientos públicos donados por la comunidad internacional?, ¿No sería correcto adoptar paralelamente medidas, legales o políticas, que señalasen que la situación es insostenible y el modelo se ha agotado? ¿Qué opción adoptará el consistorio barcelonés al respecto?

El pasado 27 de marzo, la oficina de Diplomacia Municipal de la Diputación de Barcelona organizó una jornada de reflexión “El conflicto de Gaza, La situación actual posibilidades de actuación”. Se trataba de una jornada con la participación de miembros de la Diputación de Barcelona, responsables de cooperación, concejales, técnicos de Ong´s y responsables del programa Barcelona Solidaria, a cargo de los programas de cooperación de Barcelona con Gaza. Tras la proyección del cortometraje documental sobre la destrucción de la Plaza Barcelona, el debate se centró en las cuestiones antes mencionadas.

Cual sería la sorpresa de muchos de los participantes en la sesión al conocer, de boca del propio Manel Vila, Director del Programa Barcelona Solidaria, que las imágenes que se proyectaban no eran nada nuevo para él mientras explicaba en público que el Ayuntamiento tiene en su poder las grabaciones que los vecinos de la Plaza habían realizado con sus teléfonos móviles desde las ventanas de sus casas. Según las palabras del propio Manel Vila, dichas imágenes muestran con toda claridad cómo los tanques dan vueltas por la Plaza y destruyen su equipamiento sin que se produzca ningún tipo de combate en los alrededores.

Quienes editamos este documental lo sabíamos desde varias semanas antes, y habíamos tratado de conseguir una copia para sumarla a la edición del material en el que los vecinos nos transmitían su frustración por lo vivido. Ante la falta de tacto que supone reproducir conversaciones privadas, y frente a la negativa tajante a permitir que dichas imágenes vean la luz, era necesario esperar al momento en que el Director de Barcelona Solidaria decidió hacer de conocimiento público que disponía de las pruebas que demostraban cómo tanques israelíes destruían un equipamiento donado por una institución extranjera, para que resultara pertinente abrir esta reflexión. Reconoce que las tiene y se niega a entregarlas.

Su argumentación: proteger la identidad de los ciudadanos que las grabaron. La plaza está rodeada por edificios de gran altura con cientos y cientos de ventanas. ¿Es creíble, para quienes tienen una mínima experiencia, que Israel se ofendiese y tratase de identificar la ventana desde la que se grabó para tomar represalias contra el “cámara”?. Taxativamente no. Si así fuese las decenas de personas que grabamos y fotografiamos decenas de eventos como el que aquí se relata deberíamos caminar con guardaespaldas. Simplemente ridículo.

En su calidad de responsable de la cooperación del Ayuntamiento de Barcelona, no sólo dispone de pruebas que serían tremendamente útiles para que los ciudadanos supieran lo que sucede con sus impuestos y valorasen si es ético continuar el hermanamiento entre Gaza y Tel Aviv. Probablemente servirían también ante los tribunales de justicia para reclamarle a Israel por los destrozos provocados, tal y como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados plantea y comienza a adoptar como posición. Reponer lo que se rompe sin reclamación legal por daños y perjuicios de por medio o protesta política e institucional, podría acabar pareciéndose demasiado a actuar como una suerte de aseguradora a todo riesgo de los destrozos de la ocupación israelí de Palestina. Y reponer, en silencio, lo que Israel rompe en Palestina al mismo tiempo que se refuerzan lazos con Israel es la política oficial de nuestras diversas administraciones públicas.

Pero el Ayuntamiento de Barcelona no sólo protege a los perpetradores al negarse a hacer públicas las imágenes. En la misma sesión de debate sobre las posibilidades de actuación de la cooperación en Palestina, no sólo no se cuestionaba la existencia de un hermanamiento entre Barcelona y Tel Aviv tras lo sucedido sino que se informa de la decisión política de reforzarlo a través de la aplicación de nuevos programas de colaboración. ¿No podrían deducir las autoridades israelíes a partir de dicho comportamiento de refuerzo y potenciación de vínculos entre las dos ciudades que sus acciones no tienen condena ni castigo, interpretándolo como un mensaje de impunidad que les permite proseguir en su línea de ataque contra Gaza? Destruir la Plaza Barcelona no sólo es gratis. Resulta premiado.

Los hermanamientos entre ciudades suponen una cierta idea compartida respecto de los valores que persiguen transmitir sus autoridades, de los programas culturales, de intercambio, promoción del conocimiento mutuo y, en el caso de la realidad de Oriente Medio, de la búsqueda de la justicia y la paz.

A raíz de lo sucedido con la Plaza Barcelona en la ciudad de Gaza y a partir de las posiciones expresadas por el Director del programa de solidaridad del Ayuntamiento de Barcelona, quizás podemos comenzar a identificar el origen de la impunidad del comportamiento israelí.

La inacción de nuestras autoridades a las hora de modificar los modos de relación e interlocución con las autoridades y la profundización de relaciones bilaterales son el mejor seguro a todo riesgo que desde Europa se le puede garantizar a Israel para no detenerse. Barcelona no está hermanada con Tel Aviv en lo abstracto, está hermanada con una política concreta que desarrollan las autoridades israelíes. Y es probable que los ciudadanos barceloneses no se sientan demasiado cómodos jugando este papel. Es hora de replanteárselo.

miércoles, 3 de junio de 2009

El sionismo amenaza los valores fundamentales del judaísmo

miércoles, 3 de junio de 2009 0 Comentarios
Rocco Marotta Comentario sobre el libro de Yakov M Rabkin "La amenaza interior. Historia de la oposición judía al sionismo"

"El sionismo y la creación del Estado de Israel constituyen una ruptura, una discontinuidad muy importante... Los sionistas y los no sionistas, todos los intelectuales que no están empleados por el aparato de propaganda de Israel, admiten que la creación del Estado de Israel no tiene nada que ver con el hecho judío que tiene tras de sí dos mil años. Es un invento nuevo, europeo y nacionalista, y yo no digo que sea malo o bueno." Leer más en Darío Vive
 
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